“Chile es de todos nosotros, no es patrimonio de unos cuantos, y así como lo defenderíamos de los enemigos más allá de la frontera, debemos comenzar por defenderlo de los de adentro”.

(Bravo Lavín, P. 9, 1934).

Jorge Marchant Díaz

Desde su fundación, el Partido Comunista de Chile (PCCh) ha sido una piedra en el zapato para la institucionalidad chilena, debido, entre otras cosas, a las estrategias políticas adoptadas a nivel local y por sus relaciones con dictaduras como la de la Unión Soviética en su momento, o la cubana. Los principios y acción del partido se basan en la doctrina del socialismo científico y el marxismo-leninismo, aunque con el correr de los años, las corrientes fueron actualizadas de acuerdo con las condiciones sociales. Para el PCCh, la democracia siempre ha sido instrumental, dado que, dentro del mismo sistema, estos no consideran el sistema democrático actual, como una verdadera democracia. Así, para la revolución que busca conseguir la “verdadera democracia”, de acuerdo con quien fuera el secretario general del PCCh, Luis Corvalán (1967, P.7-8): “no se puede rechazar de plano ni aceptar a ‘fardo cerrado’ ninguna forma de lucha”.

La agitación política fue desde un inicio parte de la política impulsada por Recabarren y, por consiguiente, también del Partido Comunista: “Sus piezas oratorias estaban llenas de un espíritu revolucionario yfueron comunes los casos en que se le procesó y encarceló por predicar contra el orden público. Exhortaba a los soldados para quedesconocieran el principio de obediencia y añoraba por la disolución social y el forjamiento de un nuevo régimen de convivencia. Las primeras huelgas quese produjeron en el país, se debieron a su iniciativa”. (Mesa, 1947, P.9-10) Esa prédica revolucionaria y contra el orden público sería una constante en las proscripciones posteriores del comunismo en Chile.

Las estrategias políticas, que entremezclan esta inclinación a “cualquier forma de lucha” y sus vínculos con la esfera soviética, le han significado al PCCh estar fuera de la ley en cuatro ocasiones en Chile, las cuales revisaremos a continuación, que son: la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, el segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma, quizás las más recordadas, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (llamada por sus detractores “Ley maldita”), de Gabriel González Videla y la dictadura de Augusto Pinochet.

1. Orígenes

El Partido Comunista (originalmente “Partido Obrero Socialista (POS)”) fue fundado en 1912 por Luis Emilio Recabarren en Iquique, junto con algunos obreros salitreros y otros empleados del mismo rubro, en plena cuestión social. Este mantuvo su funcionamiento como tal, hasta asumir la Internacional Comunista (Comintern) —fundada por Vladímir Ilich Uliánov, Lenin, en 1919— en su tercer congreso, realizado en Rancagua en 1922. A partir de ese momento, el Partido pasa a llamarse oficialmente Partido Comunista de Chile (condición 17°), de acuerdo a las 21 condiciones que la Internacional exigía para ser parte de la organización.

Entre las medidas que adoptaron una vez en la Comintern estaban previstas las posibles prohibiciones y clandestinidades por parte de sus miembros, entre las cuales se destacarán algunas: En el primer punto, el Comintern se enfocó en la difusión y prensa del partido, la cual debe estar bajo la dirección de miembros de mucha confianza, así como sus publicaciones subordinadas al presidium del partido “independientemente del hecho de que en un momento dado el partido sea legal o clandestino”. Además, en la segunda condición requería la expulsión por norma de “reformistas y centristas” de todos los cargos de responsabilidad, para sustituirlos por “comunistas probados”.

Dadas las condiciones de guerra civil, tanto en Europa como América, los comunistas no podrían depender de la legalidad: “Estos están obligados a crear por todas partes una organización clandestina paralela que en el momento decisivo ayudará al partido a cumplir su deber con la revolución”, dice tercera condición, a la que se le añaden, entre otras, la quinta, que impone la necesidad de “hacer un trabajo de agitación sistemático y programado en el campo (…)” o la última, que obliga a la expulsión de los miembros del partido que “rechacen como principio las condiciones y tesis elaboradas por la Internacional Comunista”[1].

2. Marzo de 1927: Dictadura de Carlos Ibáñez del Campo

Si bien el PC, durante sus primeros cinco años de existencia, había ejercido en una libertad relativa, la llegada al poder de Ibáñez acabó con eso, al considerarlos una amenaza para el nuevo orden, dados los antecedentes recientes de la revolución rusa y la asociación del PCCh con la Unión Soviética, resultado del Comintern.

Una de las medidas más practicadas durante la dictadura de Ibáñez fue impulsar el alejamiento de los comunistas de los centros poblacionales importantes, como Santiago, Antofagasta y Concepción. Así, tanto la isla de Más Afuera, hoy Alejandro Selkirk en el archipiélago de Juan Fernández, como Isla de Pascua fueron convertidas en centros de relegación. Los más afortunados fueron relegados a Calbuco o a Aysén, en conjunto con delincuentes comunes.

Las políticas utilizadas por el régimen ibañista, utilizadas por las Secciones de Seguridad, fueron distintas torturas psicológicas y físicas que permitieran identificar a las personas proclives a actuar en contra de la seguridad del Estado o el régimen. Muchas veces la libertad se conseguía con una declaración favorable al Gobierno y muchos de los que lograron mantener sus cargos parlamentarios, lo hicieron dándole la espalda al PC, tocando duramente a las filas del partido, que entraba por primera vez a la clandestinidad.

“Quienes lo apoyaron (a Ibáñez) lo consideraron una labor patriótica, que salvaría al país de los problemas que lo aquejaban, encaminándolo hacia un “Chile Nuevo”. (…) Toda oposición era vista como contraria a la obra de reconstrucción nacional del Gobierno, y solo pretendía la subversión del orden público. El proyecto político, por su carácter, no admitía críticas de fondo o resistencias”. (Rojas, P.23,1993) El objetivo del Gobierno era mantener un clima de orden que evitara completamente un clima de revuelta social: Si bien, el anticomunismo y antianarquismo en Chile ya estaban en pleno desarrollo desde su origen en el país, la amenaza que estos presentaban para el orden institucional y el clima internacional derivaron en que las persecuciones con Ibáñez se hicieran más sistemáticas.

Sin embargo, el PC se encontraba en pleno proceso de escisión: por un lado, los “laffertistas”, seguidores de Elías Lafferte y los “hidalguistas”, encabezados por Manuel Hidalgo, que luego se acercarían al trotskismo, haciendo que en los años 30 el PC tendiera a uno de los puntos más bajos de su historia, ya sea por las persecuciones o las divisiones internas.

3. Febrero de 1937: Segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma

El segundo Gobierno Alessandri fue digno de los años 30, es decir, no tuvo nada de sencillo. Los problemas económicos devenidos de la crisis de 1929 y la relación que tenía con su ministro de Hacienda, Gustavo Ross, mantuvieron un clima agitado, con crecimientos del comunismo y el nacismo[2], la presencia de Carlos Ibáñez del Campo, esperando nuevamente a ser Presidente y la creación del Frente Popular. Empezaba a forjarse la política de los tercios, que se mantendría, en gran parte, hasta 1973.

En primer lugar, Alessandri debía restituir la institucionalidad chilena, luego del derrocamiento de Juan Esteban Montero, propiciado por la izquierda y sectores ibañistas, donde los jóvenes socialistas, comunistas y anarquistas cobraron gran importancia. Montero gobernó junto a la derecha antiibañista, el Partido Radical y sectores tanto conservadores como liberales. Así, el Gobierno legítimo fue depuesto por el socialista Marmaduque Grove, periodo en el que se instauró la República Socialista, que duraría de junio a septiembre de 1932 (algunos historiadores solo les conceden los primeros 12 días de Gobierno. Otros, hasta la asunción de Carlos Dávila, que duraría otros 101 días).

El Partido Comunista se mantendría al margen de esta República, considerándola una farsa y llamó a la creación de milicias y Soviets para hacer frente al Gobierno. En primer lugar, el grupo “Avance” de la juventud universitaria del PC (laffertistas) ocupó la casa central de la Universidad de Chile, creando el primer Soviet e hicieron un llamado a rechazar a la junta de Gobierno: “Los ‘social-fascistas’ en el gobierno son agentes de la burguesía y como ésta se ha fascistizado, sus ‘agentes’ también son fascistas”. (Cruz, 2002, P.17) Los sectores de la derecha, por su parte, intentaron evitar una revolución bolchevique, además de amenazar con una intervención norteamericana. Por otra parte, los hidalguistas presentaron su programa de Gobierno, que incluía: “El armamento del proletariado y milicias obreras”. (Ídem, P.21)

La descoordinación en la izquierda llevó también a su prematura caída y posterior vuelta al poder de Alessandri. Este Gobierno se destacó por el excesivo uso de la fuerza y represión a cualquier formación que pareciera contrario al Gobierno, destacando la Ley de Seguridad interior del Estado N° 6026[3] del 12 de febrero de 1937, que proscribía nuevamente al Partido Comunista, y la matanza del Seguro Obrero, el 5 de septiembre de 1938, que culminaría con el triunfo en la elección, por apenas cuatro mil votos, del radical Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular.

Los enfrentamientos callejeros entre grupo políticos y la oposición de los medios comunicación, según David Vásquez (2012, P. 48): “llevaron a Alessandri a aplicar una fuerte represión —relegaciones, cárcel, amedrentamientos, cierre de medios— acompañada del reiterado uso —previo permiso parlamentario— de facultades extraordinarias, estados de sitio y la aplicación discrecional de la Ley de Seguridad Interior del Estado”. Pero no solo esto, porque Alessandri también hizo uso de sus facultades para clausurar las sesiones del Congreso, tras acusar a los comunistas de instigar una masiva huelga de ferrocarriles en 1936. (Vásquez, 2012, P.49)

El escalamiento de la violencia callejera y la imposibilidad de mantener el orden, llevó a Alessandri a separarse de la izquierda, que lo apoyó en un principio, y terminó gobernando en conjunto con las distintas gamas de conservadores y liberales, quienes apoyaban sus decisiones de mantener el orden público a cualquier costo. Así, nació la mencionada Ley de Seguridad interior del Estado N° 6026. En esta Ley se tipificó como delito contra el Estado a quienes instigasen la insubordinación de las Fuerzas Armadas, la subversión del orden público, la revuelta contra los poderes jerárquicos, la subversión del orden público o los poderes constituidos de la República. También, a quienes “propaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir por medio de la violencia, el orden social o la organización política y jurídica de la nación”.

Esta normativa obligó al Partido Comunista a cambiar de nombre, pasando a llamarse Partido Nacional Democrático, única forma que encontró este para mantenerse dentro del ordenamiento de los partidos políticos. Sin embargo, manifestaron en el Congreso que ellos no eran representantes de aquel partido, sino del Comunista. Al asumir esa postura y su posterior clausura dada su proscripción como tales, ya estaba inscrito el partido Progresista Nacional, cuyos componentes eran ellos mismos. Finalmente, la norma fue derogada por Carlos Ibáñez del Campo, en agosto de 1958, al igual que la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que revisaremos a continuación.

4. Septiembre de 1948: Gobierno de Gabriel González Videla

Juan Antonio Ríos, quien sería posteriormente electo Presidente, atacó a los comunistas, parte del Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el 26 de noviembre de 1940 en la Cámara de Diputados: “Los comunistas no sólo han traicionado al Partido Radical, como partido signatario del Frente Popular, sino que a la inmensa mayoría del país”, dejando entrever ya un quiebre entre socialistas, comunistas y radicales, que no se concretaría hasta la promulgación de la llamada por la izquierda “Ley maldita”. De hecho, Gabriel González Videla resultó electo Presidente en 1946 en un amplio pacto de centro-izquierda, del cual el PC también fue parte.

El Partido Comunista estuvo brevemente re-legalizado entre 1946 y 1948, año de la publicación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (Ley Nº 8987), conocida por haber establecido la proscripción del Partido Progresista Nacional y del Partido Comunista y fue una modificación a la ley 6026 de 1937. La ley consistió en la eliminación del registro electoral de sus militantes y de las personas sospechosas de participar en dichas organizaciones, lo que significó la inhabilitación y cesación del cargo todos los miembros electos o designados en los distintos cargos, de tales partidos políticos.

La ley, se compuso por 12 artículos, siendo el principal el tercero, en el que: “Se prohíbe la existencia, organización, acción y propaganda de palabra, por escrito, o por cualquier otro medio, del Partido Comunista y, en general, de toda asociación, entidad, partido, facción o movimiento, que persiga la implantación en la república de un régimen opuesto a la democracia o que atente contra la soberanía del país”.[4]

Hasta el día de hoy existen diferentes tesis respecto a la promulgación de esta ley, sin entenderse completamente la motivación de Gabriel González Videla para promulgarla. Uno de los principales motivos fue controlar la agitación provocada por los movimientos sindicales dirigidos por el Partido Comunista. Los Liberales, Agrario-Laboristas, Conservadores, la mayoría de los Radicales e incluso un sector de los socialistas, con quienes traían rencillas desde la efímera República Socialista, fueron parte de la excomunión a los comunistas de la vida democrática. La Falange Nacional, futura Democracia Cristiana estuvo en contra de la ley, mientras que, los socialistas que respaldaron al PCCh formaron diversas agrupaciones que permitieron que el PC participara desde su clandestinidad en actividades políticas e incluso ir a elecciones. La promulgación de esta ley incluso llevó a la división al Partido Conservador, entre quienes se escindieron los socialcristianos, contrarios a la ley y el Partido Conservador Tradicionalista, fiel a González Videla. Al final, González Videla fue el único Presidente en haber gobernado con todos los partidos del espectro político formal chileno.

A pesar de que todos los candidatos a la elección presidencial de 1952 prometieron su derogación, Carlos Ibáñez del Campo la utilizó casi hasta el final de su mandato. Solo fue derogada en 1958, al encontrarse Carlos Ibáñez del Campo en el punto más bajo de su Gobierno y sin heredero político. Así intentaría evitar la conquista de la presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma, cercano a la derecha economicista, todo esto sin éxito, porque Alessandri Rodríguez se convertiría en el próximo presidente del país.

5. Septiembre de 1973: Dictadura de Augusto Pinochet

Con el comunismo en plena actividad política, tanto en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, como luego siendo parte del Gobierno de la Unidad Popular, la polarización del país llegó su punto más álgido en la segunda mitad del siglo XX, desencadenando el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. A partir del golpe y posterior derrocamiento del Gobierno de Salvador Allende, tanto el PC cómo otras organizaciones de tendencia marxista o socialista fueron perseguidos, no sin que algunos pasaran directamente a la clandestinidad y resistencia armada, como fue el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fundado en 1965 por Miguel Enríquez. Algún tiempo después, el PCCh tomó la determinación, tras un proceso de reestructuración interna en la clandestinidad, de crear el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del partido, fundado en 1983, que se destacó como el principal movimiento guerrillero de la izquierda hacia la segunda mitad de la dictadura de Pinochet. Entre los ataques de estos últimos estuvo el atentado contra Pinochet en 1986 y, luego, en la vuelta al orden democrático-liberal, el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.

Tras la caída de la Unidad Popular, la mayor parte de las persecuciones, desapariciones y asesinatos fueron llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), hasta 1978, y posteriormente por la Central Nacional de Informaciones (CNI), hasta 1990. Todo esto, bajo el contexto de la Guerra Fría, el dominio estadounidense en el bloque occidental y la formación militar en la Escuela de las Américas, en el marco de la doctrina de seguridad y combate ante los enemigos internos, surgida tras la revolución cubana e implantada por los mismos Estados Unidos, que derivó también, en distintas dictaduras a lo largo de América Latina. La política de persecución se mantuvo de forma extrainstitucional, consolidándose con la principal obra del régimen, la Constitución de 1980. La oficialización de la proscripción del comunismo fue el artículo 8 de la Constitución, que fue derogado en 1989: “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”.

La crisis económica de 1982 propició el aumento de las protestas contra la dictadura, impulsadas por sectores gremiales, estudiantiles, y sindicales, a las cuales se unen también los proscritos, y en plena reestructuración, partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista. Sin embargo, este último se caracterizó por el impulso de una política insurreccional respecto del régimen de Pinochet. Si bien el enfrentamiento frontal hacia el régimen fracasó al no lograr su derrocamiento, el PC no se unió en principio a los movimientos de izquierda que derrotaron a Pinochet en el plebiscito de 1988, manteniendo políticas subversivas también durante la década del 90.

6. Consideraciones finales

Si bien, al Partido Comunista, como hemos visto, se le ha perseguido en distintas ocasiones a lo largo del último siglo, esto no es algo exclusivo del Chile de hace unos años. Así, existen esfuerzos contemporáneos de enfrentar la difusión y apología de esta ideología, yendo desde resoluciones de la Unión Europea hasta la tramitación de proyectos de ley en Brasil, pasando por la categórica prohibición en países de Europa del Este, que experimentaron el yugo soviético, con Polonia y Ucrania como ejemplos emblemáticos. Si bien no podemos validar que algo deba ser prohibido para comprender su peligrosidad, no son pocos los ejemplos donde esta decisión ha sido parte de la solución al peligro en cuestión. Después de todo, la política se ha basado constantemente en el predominio y subordinación de verdades. “Yo creo que al Presidente le interesaría mucho dejar fuera de la ley al PC”, declaró Guillermo Teillier, presidente del Partido, en febrero de este año, mostrando que la herida sigue abierta, a lo que agregó: “El derecho a vivir en paz se conquista, no se proclama desde las alturas”. Y es que, la historia del hombre es más compleja que sólo sentarse a dialogar con quienes han dicho estar abiertamente en posición de combate contra el orden vigente.

Bibliografía

Bravo Lavín, Mario. Chile frente al socialismo y al comunismo, Editorial Ercilla, Santiago, Chile, 1934.

Corvalán, Luis. Unión de las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas de América Latina. Impresora Horizonte, Santiago, Chile, 1967.

Cruz Salas, Luis. La República Socialista del 4 de junio de 1932. Centro de Estudios Miguel Enríquez, ediciones Tierra Mía, Santiago, Chile, 2002.

Mesa Seco, Manuel Francisco, El comunismo ante la ley chilena, Tesis de licenciatura, Santiago, Chile, 1947.

Rojas, Jorge. La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931). Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, Chile, 1993. Vásquez, David y varios autores. Arturo Alessandri Palma y su época: Vida, política y sociedad. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Santiago, Chile, 2012.

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[1] Extracto de las 21 condiciones que exigía la Internacional Comunista.

[2] Nacis, con “C”. Pertenecientes al Movimiento Nacional Socialista Chileno de Jorge González von Marées.

[3] Ley 6026 de Seguridad Interior del Estado, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

[4] Fragmento.